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Ley de Seguridad Ciudadana: un espejo del cansancio general

El Consejo de Ministros aprobaba este viernes el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que establece el nuevo catálogo de sanciones para diversos comportamientos que impliquen riesgos o desordenes en nuestra convivencia.

El texto del equipo del ministro Jorge Fernández Díaz, ha generado una inmensa polémica y una confrontación directa de oposición y diversos colectivos sociales. Suavizada en cierta manera en su última versión, la nueva Ley ha puesto de manifiesto que más allá de las tipificaciones más o menos proporcionadas de las diversas faltas que pretende multar, la ciudadanía tiene un cansancio general con este clase política actual que en muchas ocasiones trabaja con varas de medir poco defendibles.

Las medidas han puesto en entredicho cuestiones como los famosos escraches vividos hace unos meses ante políticos y responsables de casos como los Eres fraudulentos, desahucios o las preferentes de Cajas de Ahorro y ha parecido coartar la posibilidad de que muchas de estas manifestaciones de rabia y descontento se puedan producir en nuestras calles.

Las nuevas disposiciones del Gobierno, que atajan actos como las manifestaciones ante el Congreso de los Diputados o  expresiones de indignación general derivadas de las muchas injusticias e ineficiencias del sistema actual, han puesto en el foco de atención más que una protesta concreta sobre los comportamientos a ser castigados, una queja más amplia en cuanto a la capacidad de nuestra sociedad de ejercer la protesta, de afirmarse contra los quebrantos de un modelo de convivencia que hasta ahora veníamos disfrutando.

Es ahí donde reside el corazón del cuestionamiento de esta norma, que vive en paralelo con actuaciones poco comprensibles ante la justicia que nos devuelven una cierta sensación de desigualdad de trato, de pervivencia de privilegios. Noticias recientes como las supuestas negociaciones con la fiscalía de los urdangarines de turno o de la valoración de indultos a condenados que un día abrían aeropuertos en los que ningún avión vuela, tienen una mala defensa ante ese descontento general, que en su expresión más o menos atropellada pretende mostrar en la calle un sentir general que nadie quiere ver coartado.

Donde estén los límites de esta expresión es obligación del Gobierno establecerlo, pero se equivocará el ejecutivo si no entiende que el sentido de la oposición a su controvertida ley va mucho más allá de una multa de tres o seis mil euros. Está en el corazón del hastío y la rabia generalizada, está en el alma de una ciudadanía que hace colas de espera y pierde becas mientras se sufragan balances de bancos sin créditos disponibles y eso es mucho más grave que las manifestaciones de disturbios y acampadas.